por Ana Martinez

Entre elecciones y el fin de un sexenio

Para México, el 2024 ha sido un año histórico. El pasado 2 de junio se celebraron elecciones generales tras seis controvertidos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resultando ganadora Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en los 200 años de historia mexicana, perteneciente a la coalición de izquierda Sigamos Haciendo Historia, quien arrasó en las urnas con el 59.36% de los votos con una ventaja de más del 32%. Indudablemente, uno de los factores determinantes en su elección fue su propuesta para gestionar la crisis migratoria. De hecho, el Instituto Nacional de Migración estimó un aumento del 77% en los encuentros con migrantes irregulares en México en 2023, en comparación con 2022, lo que provocó el colapso de ambas fronteras (norte y sur), desbordadas por la llegada de miles de personas procedentes de 190 naciones distintas. En vista de ello, resulta relevante analizar qué medidas de la administración saliente se mantendrán y cuáles planea cambiar la nueva inquilina del Palacio Nacional.

Sheinbaum y su equipo, encabezado por Jesús Valdés Peña en asuntos exteriores, deberá enfrentar cifras nunca antes vistas con flujos compuestos desde países en Centro y Sudamérica, e incluso desde desde África y Asia; una migración caracterizada por una violencia desbordada. Según Camilo Vélez, jefe de Misión adjunto de Médicos Sin Fronteras en México y América Central, el abuso contra las personas migrantes y la negligencia de las instituciones en la respuesta a sus necesidades son una constante a lo largo de la región. Los migrantes no solo enfrentan un sistema de solicitud de asilo colapsado (en 2023 se presentaron casi 137,000 solicitudes, la mayor cifra en la década), sino también secuestros y operativos para ser detenidos por parte del gobierno, además de las mafias y el crimen organizado que ejerce control en gran parte del territorio. Para grupos vulnerables como niños y mujeres el camino de 3000 kilómetros hacia la fontera norte se hace más crítico, habiéndose registrado alrededor de 500 casos de violencia sexual.

Sin embargo, el Modelo Mexicano de Movilidad Humana tuvo como prioridad mejorar el estatus de los mexicanos principalmente en Estados Unidos, donde residen aproximadamente 37 millones. Para conseguirlo, se implementaron programas de atención a los migrantes como Finabien, un sistema de envío de remesas, y el Infonavit. Paralelamente, también se ha buscado a través de la vía diplomática regularizar a los 5 millones de mexicanos indocumentados “intentando por todos los medios” convencer a la Casa Blanca, pero sin mayor éxito. El segundo punto parte de la visión de la migración como un problema regional: México no es solo un país de origen de migrantes, sino también de tránsito y destino. Por ello, la estrategia de gestión de la crisis se centra en la cooperación norte-sur, destinando 133 millones de dólares a aumentar la inversión en los países más pobres de América Latina y el Caribe. Además, se financiarán programas de desarrollo como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” con el objetivo de reducir el número de personas que se ven obligadas a emigrar en busca de mejores oportunidades.

Navegando entre continuidad y reforma: los 100 pasos para la transformación

En ese sentido, el plan de gobierno 100 Pasos para la Transformación supone una continuidad de la política AMLO a través de la “institucionalización de la gestión regional de la movilidad humana”. Como base de esta, la coalición apunta hacia una gestión migratoria que sea “coherente, sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. Para ello, propone crear un organismo regional permanente que coordine el manejo del flujo de personas a través de cooperación gobierno a gobierno entre los países de la región, principalmente del triángulo norte. Sin embargo, Claudia Sheinbaum también propone cambios internos. Entre ellos destacan la reforma burocrática del Instituto Nacional de Migración (involucrado en la muerte de 40 migrantes en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez) reduciendo sus labores para un funcionamiento más eficaz; y el potenciamiento de la Guardia Nacional, para vincularla con las policías estatales y coordinarla con las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial. 

Sobre Estados Unidos (que también votará en noviembre de este año) la candidata ha sido explícita en su política: no quiere tener una relación de subordinación, sino una de iguales, en la que prevalezca la coordinación y la cooperación para el desarrollo, independientemente de quien sea el nuevo presidente. Sheinbaum considera que “la solución más humana, justa y eficiente” es la inversión en los países en crisis. Para ello, propone reforzar la cooperación productiva y comercial entre México y Norteamérica con base en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para promover una migración legal, dada la demanda de mano de obra y el crecimiento del nearshoring (que planea potenciar a través de la construcción de polos de desarrollo principalmente en el norte de México). Sobre el lado humanitario de la crisis, insiste en la responsabilidad de Estados Unidos en continuar financiando proyectos de desarrollo al sur del continente. En recientes declaraciones afirmó que “puede apoyar más” y así evitar la movilidad, solución que sería mucho más económica que construir el muro y cualquier otra forma de control fronterizo.

Conclusiones

En conclusión, la gestión de esta crisis migratoria representó un factor determinante en la contienda electoral, donde Claudia Sheinbaum se posicionó como una figura prominente con propuestas tanto de continuidad como de reforma. Su enfoque hacia una política migratoria regional, centrada en la cooperación y el respeto de los derechos humanos, refleja una visión de largo plazo para abordar el fenómeno. Además, su postura respecto a Estados Unidos enfatiza la importancia de la cooperación para el desarrollo como la vía más efectiva y humana para gestionar la migración. Sin embargo, es necesario resaltar que, considerando la violencia y corrupción que afronta Latinoamérica, la propuesta sería viable solo cuando se adopte una respuesta regional multidimensional que ponga en centro la protección de  los derechos de los migrantes a nivel humanitario, trabajando estrechamente de gobierno a gobierno y con organizaciones de la sociedad civil para afrontar los grandes riesgos presentes en los corredores migratorios.